Defensores de DD.HH. en Antioquia alertan ante posibles acciones del Clan del Golfo en Briceño

La Fundación Sumapaz indicó que en las últimas horas han recibido denuncias, por parte de los ciudadanos del municipio de Briceño, en el norte de Antioquia, donde le han manifestado su temor por los posibles enfrentamientos que se puedan registrar entre integrantes de las disidentes de las Farc y el Clan del Golfo por la disputa del territorio. 

Según indicaron, esta alerta se da luego de la agresión por parte de integrantes de grupos armados a unos ciudadanos que se movilizaban por la vía principal de Briceño y que dejó tres personas heridas, este lunes 29 de abril. 

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Oscar Yesid Zapata, defensor de derechos humanos de la Fundación Sumapaz, manifestó que, según les indicaron las comunidades, los integrantes del Clan del Golfo se han expandido en este territorio.  

El defensor explicó que lo que se vive en Briceño ya lo anunciaron en el documento de la Alerta 004 de 2020, cuando informaron que en el municipio de Briceño e Ituango evidenciaron una dinámica de conflicto armado que agravó el riesgo para la población civil en ambos municipios. 

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Así mismo, aseguró que al accionar de las llamadas disidencias del Frente 36, la expansión del Clan del Golfo y el surgimiento y actuación del Frente 18 Román Ruíz -Cacique Coyará en los municipios de Briceño e Ituango, se suma el fortalecimiento militar en general de estas estructuras armadas ilegales como consecuencia de un fuerte fortalecimiento económico originado en dinámicas trasnacionales asociadas al narcotráfico internacional.

Zapata explicó que El Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) avanzó en su proceso expansivo hasta conformar un corredor que les permite la comunicación y movilidad desde Tarazá en la subregión del Bajo Cauca, hasta el municipio de Peque en el occidente de Antioquia, buscando afectar así la capacidad de actuación de las disidencias de las Farc. 

Es por esto, que desde la Fundación Sumapaz le solicitaron al Gobierno Nacional un acompañamiento urgente a estos territorios para proteger a la población civil que se vería afectada y pueden ser víctimas de violación de los derechos humanos.