Fiscalía realizó jornada de atención a las víctimas de los paramilitares en Urabá

La Fiscalía General de la Nación realizó una jornada integral en San Pedro de Urabá, para atender, orientar y dar respuestas a la comunidad afectada por el actuar criminal de los integrantes de la denominada ‘Casa Castaño’ y de otras estructuras de las extintas Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU).

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Fiscales de la Dirección de Justicia Transicional, investigadores del CTI y personal del Grupo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas atendieron a 193 víctimas, practicaron entrevistas y tomaron muestras biológicas con el propósito de avanzar en los procesos de identificación.

De acuerdo con los elementos de prueba, San Pedro de Urabá fue escenario de homicidios, desplazamientos forzados, casos de desaparición y de violencia basada de genero, entre otras conductas delictivas perpetradas por los paramilitares en el periodo 1996 – 2002.

Durante la jornada se realizaron ceremonias de entrega digna, en las que los familiares de dos víctimas del conflicto armado recibieron los restos de sus seres queridos. Se trata de Pedro Pablo Suárez Barba, un agricultor de 42 años que fue llevado en contra de su voluntad por hombres armados que ingresaron a su vivienda la noche del 18 de mayo de 1994. Esta persona fue localizada en una fosa ubicada en el corregimiento El Tomate, en San Pedro de Urabá.

Los otros restos correspondían a Jesús María Paternina Páez, un hombre de 48 años que fue interceptado por un grupo paramilitar mientras se dirigía a la vereda Veñitas, en Chigorodó (Antioquia). La estructura ilegal, que pertenecía al denominado Bloque Bananero, lo asesinó y dejó el cuerpo abandonado. Posteriormente, el presidente de la Junta de Acción Comunal 
del sector lo recogió y lo inhumó en una predio.

Finalmente, el Grupo de Persecución de Bienes de la Dirección de Justicia Transicional entregó al Fondo para la Reparación a las Víctimas cuatro inmuebles ubicados en zona rural de San Pedro de Urabá, que harían parte del patrimonio ilícito obtenido por integrantes de las Autodefensas, ascenderían en valor a los 3.000 millones de pesos.

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Entre las propiedades puestas a disposición sobresalen tres predios avaluados en más de 2.300 millones de pesos, que conforman un globo de terreno en el corregimiento El Tomate.