Más de 3 mil familias del Nordeste antioqueño serán beneficiadas por la Unidad para las Víctimas

Como consecuencia del recrudecimiento de la violencia en la subregión del Nordeste antioqueño, por los enfrentamientos entre los grupos armados ilegales. Autoridades, alcaldes y entidades alertaron esta situación. 

La Unidad para las Víctimas implementará planes de reparación colectiva que benefician a campesinos, afrocolombianos e indígenas con proyectos productivos, obras comunitarias servicios de salud, escenarios deportivos, casetas comunales, dotaciones deportivas y culturales para la recuperación de tradiciones y la estrategia de rehabilitación psicosocial. 

Esto se acordó durante un comité territorial de justicia transicional que se llevó a cabo en la Gobernación de Antioquia, allí coincidieron en la preocupación porque persisten los homicidios, desapariciones, desplazamientos forzados, confinamientos, reclutamiento ilegal de menores, accidentes con minas antipersonal y extorsiones en municipios como El Bagre, Remedios, Segovia, Anorí y Amalfi. 

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La directora de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, Claudia Patricia Vallejo Avendaño, informó que la entidad ha atendido “con ayuda humanitaria en dinero y especie (alimentos, artículos de aseo y albergue) a 3.402 familias durante los 15 desplazamientos y 8 confinamientos ocurridos en Segovia, Remedios y El Bagre entre 2023 y 2024, con inversión de 2.985 millones”. 

Además, indicó que para “mejorar la atención y respuesta en caso de posibles emergencias por el conflicto armado, en junio de este año la Unidad para las Víctimas también entregó a la Alcaldía de Remedios una dotación para albergue” (colchonetas, cobijas, toallas, tendidos, toldillos, vajilla y kit de cocina). 

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La Defensoría del Pueblo dio a conocer alertas tempranas y riesgos de desplazamientos forzados en varios municipios por la disputa de territorios, explotación minera, cultivos ilícitos y el microtráfico de estupefacientes entre el Ejército de Liberación Nacional, disidencias de las FARC y el denominado clan del golfo (Ejército Gaitanista de Colombia). 

Tras evaluar las situaciones expuestas por alcaldes y representantes de organizaciones sociales y víctimas, así como Ejército y Policía, la Gobernación de Antioquia y otras autoridades acordaron acciones de prevención del delito, protección de líderes sociales, educación en riesgo de minas antipersonal y contra el reclutamiento ilegal de niños y adolescentes, entre otras.