El presidente de la Corte Constitucional dijo que entre octubre y noviembre se podría tomar una decisión
El debate sobre la viabilidad del aborto sin penas está pronto a terminar en la Corte Constitucional. Hay dos ponencias que, al parecer, van en la misma vía de despenalizar el aborto, sin embargo, una de ellas está más avanzada que la otra.
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Es la que está en el despacho del magistrado Antonio José Lizarazo, presidente de la Corte Constitucional, quien ya radico el escrito de ponencia, según se lee en el sistema de la Corte.
Desde Cúcuta en el bicentenario de la Constitución, Lizarazo dijo que entre octubre y noviembre la Sala Plena podría tomar una decisión final sobre ese tema
“La Corte está decidiendo si la penalización del aborto es algo que el legislador (Congreso de la República) puede hacer en la forma cómo lo ha hecho. Las discusiones no son sobre la conveniencia o el estar de acuerdo o no, sobre el aborto, sino son en materia constitucional”, puntualizó el magistrado.
En medio de sus explicaciones, Lizarazo dijo que la Corte estará comparando la situación del aborto en el país con lo que han sucedió en países de la región como Argentina, Chile y México, que ya han dado el paso hacia la despenalización
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“La Corte Constitucional puede recurrir al derecho comparado y revisar cuál es el tratamiento que se le da en otros países al tema en cuestión. También se consulta la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los tratados que se han firmado aplicando las normas del derecho internacional en materia de derechos humanos”, dijo.
Lo cierto es que, el tema en la Corte se centra en dos demandas que buscan despenalizar el aborto, es decir, pretenden tumbar o eliminar el código penal el articulo 122 que impone cárcel para quienes lo practiquen sin importar que sea una mujer o un médico.
“Las decisiones de la Corte se adoptan por los nueve magistrados y requieren una mayoría calificada. La decisión depende de toda la sala plena”, dijo Lizarazo.
La demanda que está en el despacho del magistrado Lizarazo la interpuso la organización Causa Justa que busca darle via libre a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), en relación con los derechos a la vida digna, igualdad, libre desarrollo de la personalidad, información, salud, y educación.
“El derecho a la salud en relación con el derecho a la igualdad; el derecho a la igualdad de las mujeres migrantes en situación migratoria irregular; el derecho a la libertad de profesión y oficio del personal de la salud; el derecho a la libertad de conciencia y el principio del Estado laico; y los diversos estándares constitucionales mínimos del uso del derecho penal y de la política criminal”, plantea la demanda.
La demanda que estudia el despacho del magistrado Alberto Rojas Ríos, la interpuso el ciudadano Andrés Mateo Sánchez quien considera que la penalización del aborto debe “ser excluida del sistema jurídico” porque desconoce una serie de derechos para las mujeres.
Esa demanda habla de “la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, la inalienabilidad de los derechos de la persona, el derecho de acceso a la salud, la primacía de los tratados que reconocen derechos humanos y el no desconocimiento de derechos inalienables de la persona”.
Fuente
Sistema Integrado de Información
