Demandan a indígenas Misak, por tumbar estatua de Sebastián de Benalcázar en Cali

Controversia ha causado en Cali, la demanda ante la Fiscalía contra los gobernantes indígenas de la comunidad Misak, por tumbar la estatua de Sebastián de Benalcázar el pasado 28 de abril. 

Por daño a bien ajeno, el abogado Hernando Morales, presentó una denuncia penal contra estos gobernantes, que aceptaron haber participado en el derribamiento de la estatua que estaba ubicada en el oeste de la ciudad, en el marco de las protestas por el Paro Nacional.

Le puede interesar: El 10 % de la población de Medellín ya completó el plan de vacunación

Pedro Velasco, gobernante de la comunidad Misak; Edgar Alberto Velasco, secretario del Movimiento de Autoridades de Indígenas, y "los representantes de los 3 pueblos y 52 autoridades a nivel nacional", son los denunciados ante la Fiscalía General de la Nación.

Estos líderes, según el abogado Morales, son los responsables de este delito de "daño a bien ajeno con agravante", y por esto pide que se les vincule a una investigación.

“Se les debe llevar a juicio hasta las últimas consecuencias, porque públicamente reconocieron ser los determinadores, lo que se conoce como los autores intelectuales del delito del daño al bien ajeno agravado, por ser un monumento del Estado. Es que la cultura de ellos no puede primar sobre la cultura nuestra, independiente de lo que haya sido Sebastián de Belalcázar, esa imagen en un homenaje a nuestro fundador”, indicó el abogado Morales. 

Por su parte David Aucenon, abogado constitucionalista, considera que si bien es un proceso de resignificacion que podría tomarse en cuenta, este tipo de demandas no tendrá ningún futuro. 

Lea también: El plan que, según las autoridades, tendrían el ELN y disidencias de las Farc para tomarse Cali

“En delitos como este, debe ser la persona directamente a la que se le ha vulnerado el bien jurídico, quien interponga la denuncia por ser un delito queréllable, entonces no puede cualquier persona poner la denuncia. Entonces en este caso tendría las de perder, ya que debe ser la Alcaldía o la Gobernación u otra entidad estatal que esté a cargo de ese monumento directamente afectado, la que ponga la denuncia”, explicó.

De acuerdo al código penal nacional, que el abogado Hernando Morales también cita en su demanda, la pena que podrían afrontar los gobernadores indígenas sería de dieciséis a treinta y seis meses de prisión. Asimismo, tendrían una multa hasta de quince salarios mínimos mensuales legales vigentes.