Los nativos se mantienen en asamblea permanente y en la ciudad empezó una campaña que rechaza el ofrecimiento de la recompensa.
Luego de un consejo de seguridad, las autoridades en la ciudad de Popayán determinaron ofrecer una recompensa de hasta cinco millones de pesos para quienes brinden información que permita identificar a los indígenas Misak que derribaron la estatua de Sebastián de Belalcázar, ubicada en el Morro de Tulcán.
El director de seguridad ciudadana de la policía, General Jorge Luis Vargas, fue el encargado de anunciar la recompensa y las acciones tomadas ante lo que denominó como un daño al patrimonio cultural de la ciudad.
“Estamos identificando a los responsables de este daño que es un delito. Ofrecemos la recompensa y también informamos que se desplazaron unos investigadores de la ciudad de Bogotá, para apoyar a la seccional de investigación de Popayán”, expresó el general.
Contexto: Indígenas derribaron la estatua de Sebastián de Belalcázar en Popayán
De igual manera aseguró que con la Fiscalía Seccional del Cauca, quedó priorizada la investigación por lo que se esperan prontos resultados.
El anunció de la recompensa generó rechazó entre las comunidades indígenas, que se mantienen en asamblea permanente en el resguardo de La María en Piendamó, asegurando que si es necesario entraran en un paro indefinido.
Los indígenas avanzan en un dialogo con el viceministro del Interior Carlos Alberto Baena y Fernando Aguirre Director de Asuntos Indígenas con quienes continúan hoy reunidos.
Al conocerse de la recompensa ofrecida por la captura de los indígenas, un grupo de líderes juveniles, sociales, artistas, políticos y hasta concejales de Popayán, iniciaron una campaña en apoyo a la comunidad Misak y en rechazó al ofrecimiento de los cinco millones de pesos.
Con el “#Alcalde Fui Yo”, los promotores a través de redes sociales empezaron a publicar fotografías con un cartel en el que dicen, “Alcalde fui Yo, yo la tumbe vengan por mi”.
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Luis Bravo exconcejal de Popayán y quien se unió a la iniciativa, dijo que hay una deuda frente a la verdad, justicia y reparación de estas comunidades.
“No se puede estigmatizar y judicializar la protesta social y generando un ambiente de violencia frente a las comunidades que han salido a exigir su historia y a exigir su reparación”, puntualizó.
Rápidamente la campaña tomó fuerza y fueron muchos los que se unieron a través de las redes sociales.
Fuente
Sistema Integrado de Información
