Reunión extraordinaria en Palacio de Nariño para buscar 'salvavidas' a Hidroituango

Este miércoles, 13 de octubre, en Palacio de Nariño se llevará a cabo una reunión extraordinaria, convocada por el contralor Felipe Córdoba, donde se buscará encontrarle una solución al proyecto Hidroituango.

Según ha trascendido, el propósito es decidir si se mantiene al consorcio constructor o lo cambian por otro, ya que el 31 de diciembre se vence el contrato.  

La reunión es considerada como de "suma importancia", debido a que a EPM le queda poco tiempo para tomar una decisión que podría tener implicaciones en el desarrollo del proyecto que producirá el 17% de la energía del país. 

La reunión se realizará a las 3:00 p.m. y están citados el equipo de trabajo del presidente Iván Duque, el contralor Carlos Felipe Córdoba, la procuradora Margarita Cabello, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, representantes de las firmas aseguradoras del proyecto, el ministro de Minas, Diego Mesa; el secretario Jurídico, Germán Quintero; y el consejero Juan Emilio Posada. 

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Una de las preocupaciones principales obedece al fallo de primera instancia de la Contraloría, que dejó en vilo al consorcio constructor y mientras no se revoque o se ratifique en segunda instancia, EPM no podrá tomar una decisión. Sin embargo, se advierte que por la magnitud del contrato el tiempo puede jugar en contra, debido a que el proceso puede tomar hasta un año. 

A este proyecto le falta por ejecutar 4,5 billones de pesos (que por el alza de los precios en materiales y demás, podrían ser dos billones más, para un total de seis billones de pesos). 

Entre tanto, este miércoles se conoció que la empresa Conconcreto fue admitida por la Superintendencia de Sociedades al proceso de negociación de emergencia de acuerdo de reorganización, tras advertir que se puede quedar sin recursos para pagar sus obligaciones antes de un año. 

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Esta compañía tiene el fallo de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República por el caso Hidroituango, que asciende a 4.3 billones de pesos. 

“Frente al fallo de la controlaría, se interpusieron los recursos de ley; sin embargo, es probable que dentro de los próximos meses, dicho fallo sea confirmado por la autoridad, generándose la obligación de pago por valor de los $4.3 billones mencionados, exigibles cuando el acto administrativo esté en firme”, señaló la compañía en los documentos presentados a la SuperSociedades.