Salvatore Mancuso, exlíder paramilitar, fue liberado después de haber estado detenido en la cárcel La Picota de Bogotá desde febrero de este año. Mancuso regresó a Colombia tras cumplir una condena de más de 15 años en Estados Unidos por narcotráfico.
Diversos jueces y magistrados de distintas jurisdicciones levantaron las medidas de aseguramiento que habían sido impuestas en su contra por actos cometidos durante su tiempo como integrante y comandante de las autodefensas.
Mancuso arribó a Colombia el pasado 27 de febrero y solicitó su libertad, argumentando su nombramiento como gestor de paz por decisión del presidente Gustavo Petro.
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A pesar de sus reiteradas solicitudes de libertad, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) tuvo que esperar a confirmar que ninguna autoridad judicial tuviera requerimientos pendientes que impidieran su liberación. Durante este proceso, un magistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá revocó 20 medidas de aseguramiento impuestas por los delitos en los que Mancuso había participado, lo que llevó a su eventual liberación de la cárcel La Picota.
El caso de Mancuso aún está pendiente de resolución en cuanto a la jurisdicción que se encargará de las investigaciones y procedimientos judiciales en su contra. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y Justicia y Paz están a la espera de que la Corte Constitucional defina el conflicto de competencias en este caso. La JEP ha insistido en que, según una resolución emitida en el marco del Acuerdo de Paz, tienen la competencia para atender estos casos. Mientras tanto, Justicia y Paz también defiende que la competencia recae en sus tribunales superiores.
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En esta situación, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, tribunales administrativos, jueces y la JEP rechazaron las solicitudes de libertad extraordinarias, indicando que no tomarían una decisión hasta que el conflicto de competencias fuera resuelto por la Corte Constitucional. Ahora que Salvatore Mancuso ha sido liberado, podrá participar en todos los procesos judiciales en los que sea requerido como compareciente o testigo, y permanecer en libertad mientras se esperan nuevas decisiones judiciales.