Enviado a la cárcel expolicía por trata de personas
Enviado a la cárcel expolicía por trata de personas
Cortesía, Fiscalía
15 Sep 2024 08:54 AM

Condenado expolicía que engañaba a mujeres en Medellín para ser explotadas sexualmente en Europa

Martín Manuel
Díaz Rubio
Pagará siete años de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado y trata de personas.

El intendente en retiro Carlos Augusto Fernández Raigosa hacía parte de una red criminal que captaba jóvenes en Medellín y coordinaba su traslado a Francia, donde eran explotadas laboral y sexualmente. Esto de acuerdo con las pruebas obtenidas a través de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, de la Fiscalía General de la Nación. 

De acuerdo con la investigación realizada por las autoridades, se pudo conocer que el intendente Fernández Raigosa, durante un año, mientras estuvo activo y desempeñó funciones en la estación de Policía de La Candelaria, en Medellín, entre 2022 y 2023, contactó a mujeres y les ofreció trabajar como modelos en Francia, con un sueldo fijo. Como requisito para viajar les pedía grabarse en video o tomarse fotografías en ropa interior. Este material era enviado a los cabecillas internacionales que se encargaban de dar el aval. 

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Las mujeres que recibían la aprobación de la estructura delictiva tomaban un vuelo en el aeropuerto de José María Córdova, en Rionegro, rumbo a las ciudades de Madrid o Barcelona, en España. Posteriormente, eran llevadas a Marsella, Niza y Montpellier, Francia. 

En territorio francés las jóvenes se percataban que los registros fílmicos y fotográficos habían sido publicados en comunidades virtuales donde se ofrecían servicios sexuales, los cuales terminaban ejerciendo para cubrir el pago de una deuda que les imponía la organización delictiva por tiquetes, manutención y otros aspectos relacionados con el viaje. 

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El exintegrante de la Policía Nacional, mediante preacuerdo, aceptó su responsabilidad. En ese sentido, un juez penal especializado de Medellín lo condenó a siete años de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de trata de personas y trata de personas. Asimismo, le impuso una multa equivalente a 1.750 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Que equivalen a más de 2 mil millones de pesos.