Gobernador de Antioquia y Alcalde de Medellín
Gobernador de Antioquia y Alcalde de Medellín
Gobernación de Antioquia
13 Nov 2024 03:54 PM

Alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia rechazan designación de exparamilitares como gestores de paz

Nicolás
Arismendy González
Los mandatarios regionales cuestionaron la resolución del Gobierno Nacional que designa 18 exjefes paramilitares como gestores de paz.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, rechazaron el nombramiento de 18 exjefes paramilitares como gestores de paz, luego de una resolución firmada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro. 

En su reacción, el gobernador Andrés Julián Rendón expresó: "Yo estoy seguro que si Pablo Escobar viviera, este Gobierno también lo hubiera nombrado gestor de paz". El mandatario antioqueño aseguró que el presidente Petro sigue haciéndole eco a una primicia equivocada la de creer que la paz se consolida contemporizando con el crimen y dándole muchas oportunidades a esas personas que no han respetado las instituciones y la ley. 

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“No ha habido verdad plena, no ha habido justicia porque tienen por delante aún muchos años de cárcel para pagar lo crímenes que cometieron y tampoco ha habido reparación. Son innumerables los casos donde les han hecho conejo a las víctimas con toda la riqueza que tienen fruto de su accionar delictivo” aseguró el gobernador Andrés Julián Rendón. 

Por su parte el alcalde Federico Gutiérrez, dijo que su posición es que le están entregando al país a los peores criminales, agregando, según él, que con la excusa de paz total, lo que existe es una entrega total del territorio a las estructuras criminales. 

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“En mi concepto llegó el momento que el país se ponga serio y a los criminales se les trate como tal y no como gestores de paz. Duele ver como los que asesinan, secuestran, roban, extorsionan y se dedican al narcotráfico son premiados por un Gobierno que es complaciente con el delito” expresó el mandatario medellinense. 

Ambos mandatarios aseguran que este tipo de decisiones, por parte del Gobierno Nacional, dejan con las manos cruzadas a la Fuerza Pública