Cuarenta familias tuvieron que desplazarse de Sipí a Istmina, en Chocó, por combates entre las AGC y el ELN
En las últimas horas la Defensoría emitió una alerta sobre las 40 familias de la comunidad Chambacú, jurisdicción del municipio de Sipí, en el departamento del Chocó que tuvieron que desplazarse debido a combates entre integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC – Clan del Golfo) e insurgentes del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Le puede interesar: Medellín enfrenta virus respiratorio con 6 mil dosis de vacunas
Los núcleos familiares afectados están compuestos por 31 adultos, 28 menores de edad y cuatro madres lactantes llegaron hasta el territorio en inmediaciones de municipio de Istmina.
El conflicto armado en esa zona de la subregión del San Juan ha derivado en la vulneración de derechos, puesto que los pobladores no pueden ejercer sus actividades diarias, incluidas las laborales, tampoco pueden transportar sus alimentos. Hay restricciones a la movilidad terrestre y fluvial.
Así lo expresó Carlos Camargo Assis, defensor del pueblo:
“Desde la Defensoría del Pueblo emitimos las Alertas Tempranas 012 del 2022 y 020 del 2021, dados los enfrentamientos entre las AGC y el ELN, los cuales infringen el principio de precaución del derecho internacional humanitario. El escenario de disputa territorial configura graves afectaciones para la población civil, particularmente a las comunidades étnicas. Sus derechos a la vida e integridad deben ser salvaguardados”, dijo el Defensor del Pueblo.
La comunidad de Doidó, territorio adscrito a Istmina, también se está viendo afectada por los enfrentamientos armados entre los dos grupos ilegales. De continuar la situación de orden público en esa zona, sus habitantes se verían en la obligación de desplazarse.
Es importante destacar que, las comunidades de Chambacú como las de Doidó vivieron a mediados del año pasado un desplazamiento masivo forzado.
Lea más: Con signos de tortura hallaron el cuerpo de un hombre a orillas de un río en Hispania
La actual situación de orden público se suma al paro armado decretado por el ELN el pasado 10 de febrero en una vasta zona de la subregión del San Juan, lo que agudizaría, de no ser emprendidas medidas efectivas, la situación humanitaria.