Ordenan investigar a empresas bananeras por presunta financiación de grupos paramilitares

En un fallo ejemplarizante, la Sala Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia, le pidió a la Fiscalía que investigue a los propietarios de Bananeras de Urabá S.A., BANACOL y UNIBAN, por su presunta responsabilidad concierto para delinquir, por financiación voluntaria a grupos paramilitares, la cual se declaró como delito de lesa humanidad mediante resolución proferida por el ente acusador.

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La Corporación judicial compulsó copias del expediente para que se adelante un proceso penal por la posible ocurrencia de hechos punibles por parte de los empresarios de la fruta, Rosalba Zapata y Felipe Arcesio Echeverri Zapata, porque con el apoyo de las empresas exportadoras al parecer, crearon la trama del despojo, en la que resultó favorecida Bananeras de Urabá S.A., compañía que entró a ocupar y explotar indebidamente las tierras.

En la misma sentencia el Tribunal ordenó la restitución de 11 predios a familias campesinas en la vereda California, corregimiento de Nueva Colonia, Turbo, zona de influencia de la construcción del Puerto de Urabá, según lo confirmó Gerardo Vega Medina, director de la Fundación Forjando Futuros representante de las familias favorecidas.

Explicó Vega Medina que, estos procesos deben estar en manos de la Corte Penal Internacional porque llevan más de 15 años en los despachos judiciales del país, sin que se haga justicia con las víctimas del despojo por parte de grupos paramilitares, al mando, incluso de los empresarios del emporio bananero.

Por su parte, Luz Mary Calderón Mendoza, una de las beneficiarias de la sentencia pidió el acompañamiento del gobierno para el retorno seguro a sus tierras despojadas hace 20 años y que aún no han podido recuperar debido a la pandemia del coronavirus.

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Es por ello, que la Fundación Forjando Futuros, hizo una solicitud al Tribunal para que se les entregue de manera inmediata los predios para prevenir problemas fitosanitarios y evitar la indebida explotación por terceros. También pidió que la administración no se la entregue a la Unidad de Tierras sino a los beneficiarios de la restitución