Urabá: Víctimas del conflicto exigen la verdad sobre los crímenes contra la UNP

En una audiencia reservada que se llevó a cabo en Medellín, víctimas acreditadas ante la JEP en el Subcaso Urabá del Caso 06; este subcaso tiene por objeto establecer la responsabilidad penal individual por la violencia sufrida por integrantes de la UP en Urabá, entre abril y diciembre de 1996, y en la que podrían estar comprometidos miembros de la Décimo Séptima Brigada del Ejército. Las víctimas expusieron ante la Sala de Reconocimiento de Verdad sus observaciones, así como sus demandas de verdad y de responsabilidad sobre las versiones entregadas por 13 comparecientes de la fuerza pública ante la JEP.

En ese periodo  fueron asesinados candidatos a la alcaldía, concejales, funcionarios públicos, líderes históricos y fundadores del Partido Comunista, sindicalistas, trabajadores bananeros, transportadores, comerciantes, campesinos, miembros de cooperativas, todos militantes o simpatizantes de la UP. Asimismo, un gran número de los sobrevivientes fueron obligados a abandonar la región. 

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Durante la audiencia, las víctimas también solicitaron a los magistrados de la Sala de Reconocimiento de Verdad que tuvieran en cuenta el contexto regional en la investigación judicial, así como las personas y poderes amenazados por la irrupción de la Unión Patriótica, que en las elecciones de 1986 se había posicionado como la segunda fuerza política de la región. 

¿Qué sigue?  

La Sala de Reconocimiento de Verdad contrastará toda la información para garantizar el derecho al debido proceso de todos los sujetos procesales, así como el derecho de las víctimas a la verdad y a una participación efectiva en esta investigación. 

A través del Auto 75 del 2022, la Sala de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad de la JEP determinó que 5.733 personas fueron asesinadas o desaparecidas en ataques dirigidos contra el partido político Unión Patriótica (UP) entre 1984 y 2016.  

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Se trata de hechos en los que están vinculados principalmente paramilitares y agentes estatales, quienes actuaron de manera masiva, generalizada, sistemática y selectiva contra esta colectividad. De ese total, 4.616 fueron víctimas de homicidio y 1.117 fueron desaparecidas forzadamente.  

A partir de estos datos, la magistratura identificó que en 32 años de violencia contra militantes de la UP hubo un patrón de violencia sostenida durante 23 años, de 1984 a 2007.