Crisis humanitaria en las cárceles: Procuraduría pide a la USPEC informe sobre alimentación penitenciaria

La Procuraduría solicitó al director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), Ludwing Valero, que entregue un informe en el que se explique detalladamente las empresas contratas para prestar el servicio de alimentación de las cárceles a nivel nacional, quienes son los supervisores e interventores de estos contratos, por las quejas que elevaron los directores de estos centros ante la mala calidad de la comida de los privados de la libertad. 

La entidad explicó que, los 125 centros penitenciarios y carcelarios a nivel nacional hicieron la solicitud al ministerio público para que pida a la Uspec aclaración sobre las denuncias de los internos sobre las condiciones de alimentación. 

Leer también: Ex funcionario del CTI asesinado en Medellín fue quien ayudó a descubrir al “monstruo” de Garavito

Según las quejas que recibió la Procuraduría, los directores de las cárceles, aseguran que no hay coordinación. 

"El descontento de los directores de establecimientos frente al servicio de alimentos es preocupante, puesto que sienten que no existe una coordinación efectiva entre la Uspec y el Inpec”, asegura la carta del organismo de control. 

En el requerimiento, la oficina delegada para los derechos humanos pide que se entregue copia del último informe realizado por el Comité de Salud y Alimentación de la Uspec, en el que se hace seguimiento a la alimentación de los centros carcelarios.  

Estas son quejas que han hecho los privados de la libertad, los directores de los centros carcelarios y los defensores de los derechos humanos que aseguran, dentro de cárceles como La Picota en Bogotá, se entregan suministros de pollo vencido para alimentar a los internos. 

También le puede interesar: La historia de las cinco mujeres asesinadas este año en Medellín

Además, los otros organismos de control como la Contraloría también tienen la lupa sobre la comida de las cárceles, pues hay presuntas irregularidades en los acuerdos firmados por la Uspec y los contratistas en los que, al parecer, se presentan sobrecostos en los productos entregados.