Piden investigar a juez que insinuó que mujer motivó violencia de la que era víctima

La vicepresidenta y Canciller, Marta Lucía Ramírez, y la consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer, Gheidy Gallo Santos, solicitaron investigar disciplinariamente a un juez de familia en Soacha, por presuntas irregularidades en el interrogatorio a una mujer víctima de violencia intrafamiliar durante 40 años, a quien el jurista habría señalado de motivar las agresiones. 

El hecho se registró en Soacha (Cundinamarca), en una diligencia judicial que se adelantó el pasado 27 de agosto, cuando el juez Gilberto Vargas Hernández, insinuó que la víctima habría motivado a violencia, "al incumplir sus deberes como madre y esposa", con lo que habría incurrido en una revictimización e incumplido los estándares nacionales e internacionales de protección de los derechos de las mujeres, de acuerdo con la funcionaria.   

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“El juez de la causa, desconociendo las piezas procesales que integraban el expediente (…) realizó un interrogatorio que puede ser considerado contrario a los derechos y dignidad de la mujer víctima, al cuestionar la veracidad de las afirmaciones de la mujer por el hecho de permanecer con su pareja pese al maltrato y señalando además que ella habría motivado la violencia al incumplir sus deberes como madre y esposa”, afirma la misiva enviada a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Cundinamarca. 

En la carta Ramírez pide a los Magistrados, "investigar la posible actuación irregular de este Juez de la República a la luz de la normatividad disciplinaria vigente, Constitución Nacional y Ley 1257 de 2008" y aludió “al derecho que tienen las mujeres a una justicia efectiva y con enfoque de género que reconozca las desigualdades, discriminación y violencia histórica que ellas enfrentan por el hecho de serlo”.  

La vicepresidenta también advierte que, “el deber de los Estados de remover las barreras o estereotipos que se presenten en el sistema judicial, fundamentalmente, las obligaciones que surgen de la Recomendación General Nº 33 de la Convención CEDAW”. 

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La carta subraya que la abogada de la víctima pidió al juez dar aplicación al enfoque de género, "por tratarse de una violencia en una relación de pareja motivada por el hecho de ser mujer, pero que el funcionario judicial habría pasado por alto esta solicitud y, por el contrario, habría calificado la intervención de la defensa, como una forma traicionera de dilatar el proceso”. 

Por estos hechos, se interpuso acción de tutela solicitando el cambio de Juez, acción que está siendo adelantada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca. “Por lo expuesto, la actuación del Juez de la República podría constituir faltas disciplinarias sancionadas por la ley, por la posible parcialidad mostrada en la audiencia”, se indica en la comunicación oficial.