El Metro de Medellín perdió demanda de $1.800 millones contra el Área Metropolitana

El Área Metropolitana se salvó de pagarle más de 1.800 millones de pesos  a la Empresa de Transporte Masivo  del Valle de Aburrá (Metro de Medellín), en una demanda por los sobrecostos que generó la construcción de la vía Regional Sur en la capital antioqueña.

En fallo de segunda instancia, el Consejo de Estado absolvió a la autoridad ambiental, al resolver el litigio jurídico que se originó el 28 de junio de 1994, cuando ambas entidades  celebraron un convenio administrativo por 2.000 millones de pesos para la construcción de la vía Regional Sur entre la quebrada Ayurá y la calle 50 sur (costado oriental del río Medellín).

Asegura el Metro que durante la ejecución de la obra se presentó un rompimiento del equilibrio económico por causas atribuibles al Área Metropolitana. A su juicio, la inexactitud en los estudios de suelos y otras circunstancias ocasionaron una inversión mayor de trabajo por parte de la empresa.

En estos hechos motivó la demanda de controversia contractual que interpuso para lograr el pago de una suma superior a los 1.800 millones de pesos por parte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

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Al resolver la acción judicial en primera instancia, el Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones, entre otras cosas, porque la empresa de transporte masivo ya se había comprometido a asumir los mayores costos que generara la obra de la vía Regional Sur. Además porque la vía Regional  estaba prevista en el convenio suscrito en 1984 para la puesta en funcionamiento del Metro, que obligaba a la demandante a cubrir los  posibles sobrecostos.

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Luego de perder la demanda, el accionante interpuso recurso de apelación, con miras a que el Consejo de Estado reconociera la necesidad de reestablecer el equilibrio económico del convenio. El Consejo de Estado ratificó que el Área Metropolitana no estaba obligada a asumir estos sobrecostos. Sostuvo que si bien la vía Regional Sur no fue incluida dentro del proyecto para la puesta en funcionamiento del Metro, la empresa de transporte masivo tenía que prever los sobrecostos de la obra.

Concluyó el Consejo de Estado, que los costos adicionales son atribuibles a la empresa Metro, que de manera negligente, decidió iniciar la obra sin antes haber efectuado los respectivos estudios.