Por caso de subrogación uterina, juez impuso casa por cárcel para policías que habrían exigido dinero a dos franceses en Medellín

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento de carácter domiciliario en contra del subintendente de la Policía Carlos Taborda Cuartas y el patrullero Jorge Aurelio Campiño Llano, como presuntos responsables de los delitos de concusión y violación de habitación ajena por servidor público.  

Narró la Fiscalía que los hechos ocurrieron el 27 de marzo de 2024, cuando los uniformados llegaron hasta un apartamento del barrio El Poblado de Medellín, para atender el caso de una recién nacida, que había sido ingresada al inmueble por una pareja de extranjeros. 

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La investigación, adelantada por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Seccional Medellín, permitió establecer que los uniformados, al parecer, ingresaron a la vivienda sin orden judicial y sin permiso de dos ciudadanos franceses, que residían en el lugar. 

Además, se evidenció que al encontrar a la recién nacida, los uniformados, presuntamente, exigieron a las personas el registro civil. Pero, solo mostraron la copia de un contrato de subrogación de un vientre materno, realizado con una mujer colombiana. 

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De acuerdo con la investigación, los hoy procesados, al parecer, exigieron a las víctimas la suma de tres millones de pesos, a cambio de no llamar a la Policía de Infancia y Adolescencia para que asumiera el caso, ni al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para que se llevará a la bebé. Los extranjeros les entregaron una parte del dinero, debido a la intimidación recibida.  

Taborda Cuartas y Campiño Llano fueron capturados por la Policía Nacional, y estos no aceptaron los cargos imputados. 

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Asegurados dos policías, señalados de exigir dinero a un motociclista para no judicializarlo

Un juez de control de garantías envió a la cárcel al subintendente de la Policía Nacional, Jonatan Estiben Cárdenas Carrasquilla, y al patrullero Deimis González Murillo, como presuntos responsables de exigirle dinero a un motociclista para no judicializarlo, por el supuesto delito de receptación. 

Una fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública les imputó los ilícitos de concusión, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público, cargos que no fueron aceptados por los uniformados. 

Los hechos ocurrieron en una estación de gasolina del barrio Campo Valdés de Medellín, el 12 de septiembre de 2024, cuando los uniformados, al parecer, capturaron a un hombre porque supuestamente se movilizaba en una motocicleta hurtada. Minutos después le habrían exigido cinco millones de pesos para dejarlo en libertad, según relató la Fiscalía.

La investigación permitió establecer que la víctima consiguió un millón de pesos en efectivo, que les habría entregado a los uniformados. Posteriormente, Cárdenas Carrasquilla y González Murillo, al parecer, se llevaron la motocicleta y hasta el momento se desconoce su ubicación. 

Por otra parte, el 7 de octubre de 2024, el subintendente Cárdenas Carrasquilla presuntamente elaboró un informe falso en el que reportó que el 12 de septiembre encontró una motocicleta abandonada con el chasis y el motor regrabados, sin embargo, no consignó el destino final del mencionado rodante.  

Los dos procesados fueron capturados por servidores del Grupo Anticorrupción de la Sijín de la Policía Nacional.