Corte Suprema no abrirá investigación contra el expresidente Uribe por tráfico de influencias
La Corte Suprema de Justicia se inhibió de abrir una investigación formal contra Álvaro Uribe como senador de la República por supuesto tráfico de influencias por hechos que habrían ocurrido en 2019.
La Sala de Instrucción se abstuvo de investigar al expresidente Álvaro Uribe Vélez tras una denuncia por hechos registrados el 13 de marzo de 2019, cuando el entonces senador llamó a la directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Miryam Martínez Cárdenas y le hizo un reclamo en medio de una convención del Partido Centro Democrático.
La Sala consideró que el material probatorio examinado permitía concluir, que, en este caso no se registra un hecho “penalmente relevante”, pues existiría atipicidad de la conducta de tráfico de influencias de servidor público o de cualquier otro delito se decidió inhibirse de abrir instrucción al exsenador.
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Según la denuncia, la llamada del expresidente a Martínez habría tenido como objetivo que la director de la entidad ayudara a pequeños propietarios de tierras del municipio de Riosucio (Caldas), en donde la ANT debe resolver una disputa territorial delimitando linderos de comunidades indígenas con terrenos de propietarios privados.
Las tierras están en disputa, entre otros, por el resguardo Cañamomo Lomapiedra, que exige el reconocimiento de títulos coloniales que datan de los años 1.600, por lo que además, el resguardo ha puesto la situación en conocimiento de la Unidad de Restitución de Tierras.
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La Corte Constitucional se pronunció respecto a este caso en 2016, cuando ordenó a la ANT priorizar el proceso de delimitación y titulación de las tierras para la comunidad indígena. Sin embargo, ocho años después, esta situación no se ha solucionado.
Para la corte, el expresidente Uribe no tiene responsabilidad en el delito que se le imputaba, debido a que, según la ley, los senadores no incurrirán en el delito de tráfico de influencias al intervenir ante servidores públicos en beneficio de una comunidad.
La Sala de Instrucción aclaró que, como dato a resaltar, el caso de la titulación de tierras de Riosucio, sigue en competencia de la jurisdicción de restitución de tierras, lo que representa que la decisión no ha sido influenciada por la presunta intervención del expresidente.