Más de 60 consejos comunitarios del Chocó y Urabá exigen al Gobierno la Paz Total en sus territorios

Desde Belén de Bajirá, Chocó, los miembros de 65 consejos comunitarios participaron en  la cuarta versión  del Congreso Negro del Chocó por la paz; desde allí, solicitaron al presidente Gustavo Petro implementar la paz en las comunidades negras y sentarse a conversar con todas las organizaciones armadas. Así mismo; las comunidades negras pidieron al Gobierno Nacional ser escuchadas e incluir en los diálogos al Ejército Gaitanista de Colombia o Clan del Golfo. 

De acuerdo con Emigdio Pertuz, coordinador del Congreso Afro, “la paz no es un capricho, es un derecho constitucional y las comunidades negras necesitan el equilibro económico, social y educativo para alcanzar la paz”; igualmente, el coordinador aseguró que de no ser escuchados por el Gobierno del presidente Gustavo Petro acudieran a organismo internacionales para que se cumpla la Constitución política y sus derechos. 

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Por su parte, el abogado del Ejército Gaitanista de Colombia, Ricardo Giraldo, aseguró desde Belén de Bajirá que, no se puede realizar un proceso de paz a espaldas de la comunidad y por esto no hay resultados en los diálogos que se adelantan, además, afirma que el presidente Gustavo Petro ha tenido malos asesores en temas de paz porque no se puede gobernar con ideología. 

De acuerdo con un informe de la ONG  International Crisis Group, titulado La incógnita de la paz total: qué hacer con los gaitanistas, indican que este grupo es “imposible de ignorar” debido a su gran tamaño, de cerca de nueve mil miembros, además que tiene gran influencia en muchas zonas del país.   

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“Están organizados, fuertemente armados y arraigados, y aprovechan la experiencia de innumerables excombatientes. Ejercen un control asfixiante sobre la vida cotidiana de las comunidades en los lugares que dominan”.  Y la ONG indica que, “para que la paz total pueda tener éxito, será necesario integrarlos a las conversaciones”.  

La ONG sostuvo que, será fundamental que el gobierno del presidente Gustavo Petro cuente con un marco jurídico que le permita avanzar en las negociaciones con el grupo armado.