Personería de Medellín investigará al exsecretario de participación ciudadana y al ex gerente de Emvarias

La Personería Distrital de Medellín abrió diferentes procesos en los que se ven involucrados el exsecretario de Participación Ciudadana, Juan Pablo Ramírez; exgerente de Emvarias y seis funcionarios, así como un convenio entre la Secretaría de la No-Violencia, Plaza Mayor y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.  

En el primer caso, la Personería abre investigación disciplinaria en contra de Juan Pablo Ramírez, por presuntas irregularidades en un contrato interadministrativo que asciende a los 12.000 millones de pesos entre la Secretaría de Participación Ciudadana y Plaza Mayor, que fue firmado en 2021, cuando este se desempeñaba como la cabeza de esa dependencia.  

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El objeto de ese contrato era de mandato sin representación para la operación logística como apoyo al desarrollo del proceso de fortalecimiento de la Secretaría de Participación Ciudadana. 

Cuando se adelante la etapa investigativa, el delegado instructor del proceso con base en las pruebas recaudadas, tomará la decisión de formular pliego de cargos o archivar las diligencias. 

Investigación contra exgerente y seis funcionarios de Emvarias  

La Personería abre investigación disciplinaria contra Carlos Fernando Borja y seis funcionarios más de Emvarias por presuntas irregularidades en el estudio del controversial proyecto piloto de cargue lateral, que asciende a los 200.000 millones de pesos con plazo de ejecución de 84 meses, pero que según las primeras investigaciones del ente de control fue presuntamente ‘‘deficiente’’ y hubo ‘‘falta de rigor técnico y procedimental para la viabilidad’’. 

Al igual que con la investigación al exsecretario Juan Pablo Ramírez, con base en las pruebas recaudadas se tomará la decisión de formular pliego de cargos o archivar las diligencias. 

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Indagación 

El convenio indagado por la Personería se habría firmado en el 2021, y tendría como objeto el apoyo en la estrategia de construcción de paz territorial, derechos humanos y convivencia en Medellín, por un valor de 1.000 millones de pesos.  

Si con las pruebas recaudadas se individualizan los sujetos disciplinables se dará apertura formal de investigación del proceso o se archivará.