La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al gobernador del Chocó, Ariel Palacios Calderón, por presuntas irregularidades en contratación directa de ayudas humanitarias destinadas a atender a población víctima del conflicto armado del departamento, en el marco de la pandemia del COVID-19.
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Según la Procuraduría, Ariel Palacios habría pagado más de 84 millones de pesos en medio de esta contratación en la que el gobernador de Chocó eligió directamente una empresa que, al parecer, no vendía los productos requeridos, aunque en el departamento sí había proveedores con la capacidad de proporcionar los elementos y servicios que se necesitaban para esta población vulneraba.
Esto habría llevado a un detrimento patrimonial al departamento que, según la Procuraduría, podrían haberse invertido en una de las tantas necesidades que hay en el Chocó. Además, el ente del Ministerio Público considera que el gobernador Palacios tuvo la posibilidad de minimizar los costos o que, por lo menos, ‘‘estuvieran ajustados a los valores reales de los bienes’’, y si lo hubiera hecho de esa manera, ‘‘podría haber abarcado un mayor número de beneficiarios, pero prefirió adjudicar sin justificación alguna el contrato a la cuestionada empresa’’.
Asimismo, se le cuestiona al gobernador de Chocó por no haber analizado con mayor detenimiento y transparencia la experiencia del contratista, así como que en el negocio bilateral no se estableció cuáles serían los municipios del departamento en los que las víctimas del conflicto armado recibirían estas ayudas humanitarias.
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La Procuraduría General de la Nación calificó provisionalmente esta actuación de Ariel Palacios, quien termina su periodo en menos de dos meses con un historial de procesos disciplinarios, como una falta gravísima a título de culpa gravísima.